viernes, 8 de octubre de 2010

Por el derecho a la participación, organización y movilización de los estudiantes.


La normativa educativa vigente así como la existencia de una estructura autoritaria y jerárquica al interior de los establecimientos educativos, se han convertido en grandes obstáculos para el ejercicio de la participación, la organización y la movilización de los estudiantes. Prohibición de los centros de estudiantes y asambleas al interior de establecimientos, imposición de las formas de organización, expulsiones arbitrarias, ausencia del derecho a voz y voto, etc., constituyen ejemplos de cómo se ha buscado frenar y eliminar todo tipo de organización y movilización que pueda poner en peligro los intereses mezquinos de quienes lucran con la educación.

En el caso de la educación secundaria, la única instancia reconocida para la organización estudiantil es el Centro de Alumnos. Estos, si bien cuentan con la garantía constitucional de no poder ser prohibidos ni intervenida la elección de sus cargos desde la dirección del establecimiento, representan una instancia absolutamente limitada. En primer lugar porque su forma organizativa, sus funciones y la forma de elegir sus cargos están impuestas desde el Ministerio de Educación y deben adecuarse a los reglamentos internos vigentes, los que obviamente favorecen a la dirección del establecimiento. Y en segundo lugar, porque no da cuenta de las otras formas organizativas existentes, como las asambleas o los consejos de delegados, las que suelen no ser reconocidas. Junto a esta instancia limitada de participación y organización, existen los Consejos Escolares. El consejo escolar pretende mostrarse como una instancia participativa y representativa de la comunidad escolar en donde todos los estamentos pueden influir en la toma de decisiones, sin embargo, esto es falso en la medida en la forma y alcances de dicha participación está impuesta desde las autoridades. Son ellos los que determinan el número de miembros del Consejo, las elecciones de estos, las cosas sobres las que serán consultados y aquellas sobre las que pueden tener derecho a voto, siendo en lo esencial una instancia de participación simbólica y consultiva, no así resolutiva.

En la educación superior la participación y organización es aún más limitada. La LOCE establece claramente para el caso de las instituciones de educación superior que “la forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas”. A lo que se suma la autonomía universitaria que le permite a los establecimientos dictar reglamentos internos que incluso prohíben la creación de centros de alumnos y la realización de asambleas. Un caso aparte es la Universidad de Chile, que cuenta con un órgano tristestamental como lo es el Senado Universitario, el que para mucho es un ejemplo de lo que se debería lograr en materia participativa. Sin embargo, el carácter de esta instancia deja mucho que desear siendo básicamente consultivo.

Junto a esta limitación institucional-educativa nos encontramos con una de carácter represivo-política. Desde hace varios años el movimiento estudiantil ha sufrido una represión y persecución constante por parte del Estado chileno (el gobierno, los aparatos policiales - Carabineros e Investigaciones- y de Inteligencia) con el fin de desmovilizar y desarticular los esfuerzos organizativos que los estudiantes hemos venido desarrollando para llevar adelante una lucha por una educación digna e igualitaria para nuestro pueblo.

La violencia estatal se ha manifestado en una represión sistematizada hacia las marchas estudiantiles (incluso antes de que estas se inicien); en la militarización del centro de Santiago; en el uso intensivo del carro lanzaguas, el zorrillo y de los golpes propinados por Fuerzas Especiales tanto en las calles como dentro de las Comisarías; en el secuestro de dirigentes estudiantiles; en los abusos sexuales y vejaciones hacia nuestras compañeras y compañeros; en la tortura psicológica basada en amenazas contantes a la integridad física, moral y familiar de los detenidos, entre otros; en la infiltración de agentes policiales encubiertos en las marchas; en el ingreso sin autorización ni justificación a las universidades para reprimir manifestaciones estudiantiles; en la infiltración de policías de civil y de agentes de los organismos de Inteligencia en las universidades; en los intentos de ingreso de Carabineros a Universidades para impedir la realización de asambleas estudiantiles o actividades sociales; en la manipulación mediática que pretende igualar a los estudiantes que luchan con delincuentes; etc. En definitiva, los estudiantes ya no podemos marchar ni reunirnos tranquilamente sin que seamos golpeados, perseguidos o amenazados.

Frente a esta situación de autoritarismo, violencia y abusos lo exigimos siguiente, como pasos para avanzar hacia una participación efectiva y real, con la meta del co-gobierno:

- Reconocimiento y respeto a la organicidad que se den los estudiantes, ya sea centro de estudiantes, asamblea, consejo de delegados, etc.

- Consejos Escolares Resolutivos con un peso mínimo del 25% por parte de los estudiantes, contando estos con derecho a voz y voto

- Derogación del artículo 45 letra e de la LOCE, que impide la participación de los estudiantes en la educación superior. Derecho a voz y a voto en los consejos superiores universitarios, con un peso mínimo del 25%

- Derogación de todo reglamento que impida la existencia de centros de estudiantes u organizaciones estudiantiles o que imponga la forma en que los estudiantes debemos organizarnos y manifestarnos.

- Del mismo modo, exigimos a las autoridades de las distintas instituciones educativas (Universidades, Institutos Profesionales, CFT’s, escuelas, liceos e internados) el fin de las políticas represivas y autoritarias hacia el estudiantado: fin a la persecución a los dirigentes estudiantiles, fin a las expulsiones por organizarnos y movilizarnos.

- Basta de represión policial a las marchas estudiantiles. Que se nos permita ejercer nuestro derecho a manifestarnos y a marchar por donde nosotros lo decidamos

- No más detenciones arbitrarias en las marchas y en los alrededores de estas

- No más policías de civil en las manifestaciones

- Exigimos un trato digno a los detenidos en las marchas. Basta de golpizas, abusos y malos tratos a los detenidos

- No más policías de civil y agentes de inteligencia al interior de las Universidades

- Basta de hostigamiento a la organización estudiantil. No mas intentos de ingreso o presencia en los alrededores de los lugares en donde realizamos nuestras asambleas por parte de las fuerzas policiales

- No más ingreso injustificado de Fuerzas Especiales a las universidades

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