X Convergencia Estudiantil
Junto a las medidas parche e insuficientes anunciadas por el Ministerio de Educación en la voz de Joaquín Lavín (colegios modulares, implementación de doble jornada, colegios de “campaña” en sedes vecinales, canchas, etc.- ver la imagen de estudiantes del Borgoño recibiendo clases en una carpa), que no aseguran ninguna de las condiciones necesarias para un correcto proceso educativo, se ha anunciado hace un tiempo cual va ser el eje principal del Plan de Reconstrucción en materia de establecimientos municipales: la concesión de estos a empresas privadas.
En el Programa Educativo de Piñera ya se dejaban esbozar una serie de medidas que pretendían abrir el camino hacia la privatización de la educación municipal. La idea de los programas “Comprométete con una Escuela” y “Comprométete con un Niño”, para que entidades privadas (corporaciones, empresas, profesionales y entidades ligadas a las sectas católicas) apadrinasen niños y establecimientos, significaban abrir la puerta para el ingreso del sector privado en el municipal. De la misma forma, el establecimiento de metas de rendimiento, que de seguro ningún establecimiento municipal hubiese alcanzado, y la posibilidad de que el sector privado se hiciese cargo de aquellos establecimientos que no las cumpliesen, apuntaban en la misma dirección.
El terremoto hizo cambiar a táctica privatizadora de la derecha y le entregó una valiosa oportunidad. Nada mejor para el empresariado que un país que necesita reconstruirse.
De acuerdo a Lavín, los daños en infraestructura de establecimientos municipales ascienden a unos US$ 1.500 millones y el costo de su reconstrucción a unos US$ 1.200 millones. Estas cifras ya nos dan para pensar. ¿Por qué los costos para reconstruir los establecimientos son más bajos que los daños? Según el mismo Lavín porque no se reconstruirán todos los establecimientos ya que muchas escuelas municipales serán fusionadas. Esto ya nos merece una primera duda al cuestionarnos en qué medida esto no busca sino reducir los cupos en la educación municipal (y con ellos los gastos estatales en ella) para derivar al resto a la educación particular subvencionada. Una segunda duda es que para que las cifras propuestas alcanzasen a cuadrar existen dos alternativas: la fusión de colegios afectará a una enorme cantidad de estos (reduciendo así drásticamente la oferta pública) o los colegios a reconstruirse tendrán las mismas y precarias condiciones de infraestructura que antes del terremoto. De nuestra parte creemos, que la reconstrucción debe ir de la mano con un mejoramiento real de las condiciones de estudio e infraestructura de los establecimientos municipales, según las necesidades, prioridades y requerimientos de las mismas comunidades educativas (padres y apoderados, profesores, funcionarios, docentes, organizaciones comunitarias y sociales), las que hasta ahora permanecen en el olvido para las autoridades.
Ahora bien, para solventar dichos costos de reconstrucción, Lavín, como dijimos anteriormente, ha propuesto la concesión de los establecimientos como medida a aplicar. Es decir, no es el Estado quien se hace cargo directamente de la reconstrucción sino que lo entrega a manos del sector privado. Hasta ahora Lavín no ha especificado cuál es el alcance de las concesiones y si se darían sólo en términos de reconstrucción de infraestructura o llegarían al traspaso administrativo de los establecimientos. Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con las cárceles, las carreteras, los aeropuertos, entre otros, y considerando el objetivo privatizador de Programa Educativo de Piñera, tendemos a pensar que la concesión terminará significando la administración y control de los establecimientos educativos por parte de privados, es decir, una privatización encubierta. A lo que hay que sumar que la Ley 20.410 sobre concesiones permite que los bienes concesionados sean administrados por las empresas concesionarias.
El movimiento estudiantil, o las oleadas de movimiento estudiantil, que se han dado en los últimos años han puesto en cuestionamiento muchos de los pilares centrales de esta educación de mercado, que entrega una buena educación para los ricos y una pésima educación para los pobres, entre estos está el lucro. La “libertad de enseñanza” y el lucro están garantizados Constitucionalmente por sobre el derecho a la educación. Tampoco es que consideremos que la educación debe seguir teniendo las mismas condiciones deplorables que posee en su modalidad municipal, sino que debemos luchar y construir un gran y radical cambio educativo. Para nosotros la educación es un derecho para todo el pueblo chileno y no puede seguir siendo una mercancía transable para lucrar por parte de quienes se han convertido en los dueños de esta, es por esto que rechazamos y nos oponemos rotundamente a cualquier intento por seguir privatizando la educación, apostando por luchar progresivamente por una educación gratuita, en manos de las comunidades educativas y al serivicio de la sociedad en su conjunto.
Junto a las medidas parche e insuficientes anunciadas por el Ministerio de Educación en la voz de Joaquín Lavín (colegios modulares, implementación de doble jornada, colegios de “campaña” en sedes vecinales, canchas, etc.- ver la imagen de estudiantes del Borgoño recibiendo clases en una carpa), que no aseguran ninguna de las condiciones necesarias para un correcto proceso educativo, se ha anunciado hace un tiempo cual va ser el eje principal del Plan de Reconstrucción en materia de establecimientos municipales: la concesión de estos a empresas privadas.
En el Programa Educativo de Piñera ya se dejaban esbozar una serie de medidas que pretendían abrir el camino hacia la privatización de la educación municipal. La idea de los programas “Comprométete con una Escuela” y “Comprométete con un Niño”, para que entidades privadas (corporaciones, empresas, profesionales y entidades ligadas a las sectas católicas) apadrinasen niños y establecimientos, significaban abrir la puerta para el ingreso del sector privado en el municipal. De la misma forma, el establecimiento de metas de rendimiento, que de seguro ningún establecimiento municipal hubiese alcanzado, y la posibilidad de que el sector privado se hiciese cargo de aquellos establecimientos que no las cumpliesen, apuntaban en la misma dirección.
El terremoto hizo cambiar a táctica privatizadora de la derecha y le entregó una valiosa oportunidad. Nada mejor para el empresariado que un país que necesita reconstruirse.
De acuerdo a Lavín, los daños en infraestructura de establecimientos municipales ascienden a unos US$ 1.500 millones y el costo de su reconstrucción a unos US$ 1.200 millones. Estas cifras ya nos dan para pensar. ¿Por qué los costos para reconstruir los establecimientos son más bajos que los daños? Según el mismo Lavín porque no se reconstruirán todos los establecimientos ya que muchas escuelas municipales serán fusionadas. Esto ya nos merece una primera duda al cuestionarnos en qué medida esto no busca sino reducir los cupos en la educación municipal (y con ellos los gastos estatales en ella) para derivar al resto a la educación particular subvencionada. Una segunda duda es que para que las cifras propuestas alcanzasen a cuadrar existen dos alternativas: la fusión de colegios afectará a una enorme cantidad de estos (reduciendo así drásticamente la oferta pública) o los colegios a reconstruirse tendrán las mismas y precarias condiciones de infraestructura que antes del terremoto. De nuestra parte creemos, que la reconstrucción debe ir de la mano con un mejoramiento real de las condiciones de estudio e infraestructura de los establecimientos municipales, según las necesidades, prioridades y requerimientos de las mismas comunidades educativas (padres y apoderados, profesores, funcionarios, docentes, organizaciones comunitarias y sociales), las que hasta ahora permanecen en el olvido para las autoridades.
Ahora bien, para solventar dichos costos de reconstrucción, Lavín, como dijimos anteriormente, ha propuesto la concesión de los establecimientos como medida a aplicar. Es decir, no es el Estado quien se hace cargo directamente de la reconstrucción sino que lo entrega a manos del sector privado. Hasta ahora Lavín no ha especificado cuál es el alcance de las concesiones y si se darían sólo en términos de reconstrucción de infraestructura o llegarían al traspaso administrativo de los establecimientos. Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con las cárceles, las carreteras, los aeropuertos, entre otros, y considerando el objetivo privatizador de Programa Educativo de Piñera, tendemos a pensar que la concesión terminará significando la administración y control de los establecimientos educativos por parte de privados, es decir, una privatización encubierta. A lo que hay que sumar que la Ley 20.410 sobre concesiones permite que los bienes concesionados sean administrados por las empresas concesionarias.
El movimiento estudiantil, o las oleadas de movimiento estudiantil, que se han dado en los últimos años han puesto en cuestionamiento muchos de los pilares centrales de esta educación de mercado, que entrega una buena educación para los ricos y una pésima educación para los pobres, entre estos está el lucro. La “libertad de enseñanza” y el lucro están garantizados Constitucionalmente por sobre el derecho a la educación. Tampoco es que consideremos que la educación debe seguir teniendo las mismas condiciones deplorables que posee en su modalidad municipal, sino que debemos luchar y construir un gran y radical cambio educativo. Para nosotros la educación es un derecho para todo el pueblo chileno y no puede seguir siendo una mercancía transable para lucrar por parte de quienes se han convertido en los dueños de esta, es por esto que rechazamos y nos oponemos rotundamente a cualquier intento por seguir privatizando la educación, apostando por luchar progresivamente por una educación gratuita, en manos de las comunidades educativas y al serivicio de la sociedad en su conjunto.
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